Si el Gobierno suspende al Gobernador,
desconocería orden constitucional
El gobierno del departamento del Magdalena, una vez conocida la resolución 0002 del 19 de enero de 2011, emanada por la Contraloría General de la República, puntualizó los siguientes aspectos:
En primer lugar, el fallo de tutela dictado por el Juzgado Cuarto Penal Municipal, claramente ordenó el reintegro inmediato del Gobernador del departamento, amparándole sus derechos fundamentales reclamados mediante acción de tutela, dicho fallo se encuentra actualmente con total fuerza vinculante, de inmediato cumplimiento y a cuyo acatamiento, se encuentran obligadas todas las autoridades de la República.
No obstante lo anterior, el Tribunal Administrativo del Magdalena, decidió seguir conociendo de la misma acción sin atender al previo desistimiento formalmente presentado por el actor, y en consecuencia, denegó la solicitud de amparo de los mismos derechos fundamentales, pero aclarando de manera perentoria, que el fallo del Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, no podía ser revocado ni modificado por dicha corporación, reiterando la obligatoriedad y observancia de lo allí decidido.
Sin embargo y con pleno desconocimiento del plexo normativo que regula la materia y de los más elementales principios constitucionales, la Contraloría General de la República, nuevamente insiste en exigir la suspensión del mandatario departamental, desafiando la orden perentoria impartida por un Juez de la República que en sede constitucional previamente, procedió a amparar los derechos fundamentales del Gobernador de los magdalenenses Omar Diazgranados Velásquez.
Ante esta posición asumida por el órgano de control, el gobierno departamental hace un llamado a la preservación de la legalidad y de la institucionalidad que caracteriza nuestra democracia, de la cual es guardián el Señor Presidente de la República.
Sea esta la oportunidad para hacer un llamado reflexivo a que prime el orden, el debido proceso y el respeto normativo.